Perú mantiene un perfil de riesgo medio, condicionado por fragmentación política, conflictividad social, sensibilidad de la inversión minera y capacidad limitada de ejecución institucional. En el Radar nº 14 sale de la watch list al no registrarse una señal nueva de deterioro suficientemente material frente a otros focos regionales. El seguimiento continúa, pero con menor prioridad editorial esta semana. El score se mantiene en 5,5.
Perú sale de la watch list en el Radar nº 14 al no identificarse esta semana una señal nueva de deterioro suficientemente material como para mantenerlo entre los principales focos regionales. El país continúa bajo seguimiento por sus vulnerabilidades estructurales, pero sin un cambio semanal que justifique prioridad editorial frente a Brasil, Venezuela, México, Colombia y Argentina.
Perú sale de la watch list en el Radar nº 14 al no registrar esta semana una señal nueva de deterioro suficientemente material.
El país mantiene vulnerabilidades políticas, institucionales y sociales, pero pierde prioridad frente a otros focos regionales con señales más relevantes.
El seguimiento continúa sobre inversión minera, conflictividad territorial, capacidad de ejecución institucional y estabilidad regulatoria.
El score se mantiene en 5,5.
• Perú sale de la watch list al no registrar una señal nueva de deterioro suficientemente material esta semana.
• Se mantiene el seguimiento sobre inversión minera y ejecución de nuevos proyectos.
• La conflictividad social y territorial continúa siendo un factor estructural de riesgo.
• La estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica siguen siendo relevantes para la inversión.
• La capacidad institucional y la relación entre Ejecutivo y Congreso permanecen como variables de seguimiento.
• Score sin cambios: 5,5.
Evolución de la actividad económica y de la inversión privada.
Inflación y decisiones de política monetaria.
Ejecución de inversión pública y capacidad institucional.
Evolución de la inversión minera y cartera de nuevos proyectos.
Relación entre Ejecutivo y Congreso y capacidad para aprobar reformas.
Seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para empresas e inversores.
Conflictividad social y territorial vinculada a proyectos extractivos.
Evolución de la seguridad y de las actividades económicas ilegales.
Fragmentación política y bloqueo entre Ejecutivo y Congreso.
Debilidad institucional y limitada capacidad de ejecución de reformas.
Conflictividad social y territorial.
Incertidumbre regulatoria sobre minería e inversión.
Persistencia de inseguridad y economías ilegales.
Riesgo de retrasos en proyectos mineros y de infraestructura.
Vulnerabilidad ante shocks externos de materias primas y demanda global.
Deterioro de la confianza empresarial ante mayor inestabilidad política o regulatoria.
• Evolución de la inversión minera y aprobación de nuevos proyectos.
• Conflictos sociales o territoriales con impacto sobre operaciones extractivas.
• Cambios regulatorios que afecten a minería, inversión o seguridad jurídica.
• Evolución de la relación entre Ejecutivo y Congreso y capacidad para aprobar reformas.
• Señales de deterioro o mejora en actividad económica e inversión privada.
• Evolución de la seguridad y de las economías ilegales en zonas sensibles.
• Cambios en la capacidad institucional para ejecutar inversión pública y proyectos estratégicos.
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