Bolivia mejora su posición de liquidez y avanza en el ajuste cambiario, fiscal y energético; el riesgo empieza a desplazarse desde la financiación hacia la capacidad de ejecución.
EL CUELLO DE BOTELLA SE ESTÁ MOVIENDO: DE LIQUIDEZ A EJECUCIÓN.
Bolivia está entrando en una fase distinta de su proceso de estabilización.
Durante la etapa más aguda de la crisis, la restricción dominante era relativamente clara: escasez de divisas, deterioro de las reservas, distorsiones cambiarias y dificultades crecientes para financiar importaciones y sostener el esquema económico existente.
Esa restricción no ha desaparecido. Pero empieza a perder capacidad para explicar por sí sola el riesgo boliviano.
La promulgación de la Ley N.º 1765 que autoriza el financiamiento previsto de aproximadamente US$1.900 millones bajo el Servicio Ampliado del FMI, la recuperación de liquidez reportada por las autoridades, la flexibilización cambiaria ya iniciada y la reforma del precio del diésel están desplazando progresivamente el principal interrogante.
La cuestión ya no es únicamente si Bolivia puede conseguir dólares.
Es si puede convertir mayor liquidez y financiación externa en una estabilización sostenible sin perder control fiscal, inflacionario, operativo y social durante la transición.
Ese cambio sigue incompleto. El acuerdo técnico alcanzado con el FMI continúa sujeto a acciones previas y a la aprobación de su Directorio Ejecutivo. Pero una parte material del ajuste ya está siendo ejecutada antes de que ese requisito se complete.
GeoRisk LATAM no interpreta por tanto esta semana como el final de la vulnerabilidad externa de Bolivia. La interpreta como el comienzo de una transferencia del riesgo: desde la disponibilidad inmediata de financiación hacia la capacidad de ejecutar, secuenciar y sostener las reformas.
La Asamblea Legislativa concluyó el 18 de septiembre el tratamiento del Proyecto de Ley N.º 723/2025-2026, que autoriza la operación de financiamiento prevista por aproximadamente US$1.900 millones bajo un programa de 36 meses.
La aprobación legislativa fue material porque eliminó una barrera política doméstica importante. Después, el presidente promulgó la Ley N.º 1765 y la norma entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial. Con ello queda completado el tramo legislativo y de promulgación interna del financiamiento.
Pero no debe confundirse con la culminación del proceso internacional.
El acuerdo alcanzado entre el personal técnico del FMI y Bolivia continúa sujeto a la implementación de acciones previas y a una decisión posterior del Directorio Ejecutivo del Fondo.
El FMI estima además que el programa podría ayudar a catalizar más de US$5.000 millones de financiación adicional durante los 36 meses del programa, procedente del Banco Mundial, el BID y otros socios. Esa cifra no representa recursos actualmente disponibles.
aprobación parlamentaria ≠ aprobación del Directorio ≠ desembolso ≠ estabilización.
El ajuste no comienza con el desembolso del FMI.
El Banco Central de Bolivia aprobó el 30 de julio la Resolución de Directorio N.º 117/2026, que pone en vigencia el Reglamento de Compra y Venta de Dólares Estadounidenses.
El propio BCB encuadra esta medida dentro de la flexibilización cambiaria y del nuevo marco de política monetaria, con el objetivo declarado de permitir el funcionamiento del mercado y limitar episodios de sobrerreacción del tipo de cambio.
Eso modifica la secuencia analítica: varias reformas que forman parte del programa económico ya están operativas antes de la aprobación definitiva del SAF.
La posición externa sigue siendo vulnerable, pero tampoco es correcto describirla utilizando cifras de episodios anteriores como si representaran la situación actual.
El Ministerio de Economía señala que las Reservas Internacionales Netas pasaron de US$3.167 millones el 7 de noviembre de 2025 —con solo US$52 millones en divisas líquidas— a US$4.399 millones en agosto de 2026, con US$1.138 millones en divisas.
Por separado, el BCB informó el 1 de septiembre de más de US$1.134 millones en recursos líquidos, más de US$400 millones de reservas internacionales que califica como genuinas y el pago de operaciones de pignoración de oro por US$588,4 millones.
La mejora no equivale a normalización.
Sí obliga a desplazar el análisis desde una pregunta binaria —«¿hay dólares?»— hacia otra más exigente:
¿puede Bolivia preservar y reconstruir esa liquidez mientras atiende importaciones, deuda y necesidades internas y simultáneamente ejecuta el ajuste?
La reforma del diésel introduce ahora un mecanismo directo de transmisión entre estabilización macroeconómica y economía real.
El Decreto Supremo 5716 fija un precio inicial regulado de Bs17,95 por litro, IVA incluido, y sustituye el anterior precio fijo por un esquema de Precio de Paridad de Importación.
El decreto establece también una banda del ±5% para activar modificaciones posteriores del precio referencial. Su aplicación comienza tras la reglamentación del Ministerio de Hidrocarburos, para la que la norma fija un plazo de hasta cinco días hábiles.
La Asamblea concluyó también el tratamiento legislativo de un financiamiento de hasta US$500 millones del BID para el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social.
Del total, US$485 millones se destinan a respaldar Renta Dignidad y US$12,5 millones al Registro Social de Hogares. El siguiente test material ya no es el tratamiento legislativo, sino el desembolso, la ejecución y el efecto efectivo del programa sobre los hogares.
La señal constituye contraevidencia frente a una interpretación lineal del ajuste como un proceso exclusivamente contractivo.
Su capacidad de amortiguación deberá medirse posteriormente por desembolso, ejecución, focalización y efecto efectivo sobre los hogares.
Además, el Ejecutivo anunció un paquete inmediato de amortiguación tras la eliminación de la subvención al diésel, que incluye Bono Pepe II, crédito productivo en condiciones preferenciales, alivio arancelario y tributario y medidas de empleo. El Gobierno estima que el Bono Pepe II alcanzará a más de 2,9 millones de personas con una inyección de Bs874 millones.
Una parte de ese paquete ya avanzó de anuncio a norma. El 24 de septiembre el Gobierno aprobó mediante el Decreto Supremo 5720 el Fideicomiso Impulso Productivo por Bs800 millones, administrado por Banco Unión, para financiar capital de inversión y operación, maquinaria y vehículos de carga pesada. Las tasas anunciadas se sitúan en 6% y 6,5% según el tipo de crédito. Esto refuerza la tesis de ejecución, pero norma y disponibilidad de crédito todavía no equivalen a colocación efectiva, inversión ni alivio suficiente del coste de transición.
La Asamblea aprobó la ampliación durante 90 días del estado de excepción y el Ministerio de Gobierno confirmó el 17 de septiembre su entrada en vigencia.
La solicitud fue respaldada por doce informes oficiales que identificaban riesgos de bloqueos, marchas, paros y afectación de infraestructura y corredores estratégicos en distintos departamentos.
La existencia del estado de excepción no demuestra que vaya a producirse una disrupción económica significativa.
Sí confirma que la posibilidad de interrupciones continúa formando parte del mecanismo de riesgo y, al mismo tiempo, que el Estado mantiene instrumentos extraordinarios para intentar preservar la circulación.
El riesgo boliviano está pasando de una estructura relativamente concentrada a otra más compleja.
Durante la fase más aguda:
déficit fiscal → financiación monetaria → pérdida de reservas → escasez de dólares → distorsión cambiaria → dificultades de importación → inflación y desabastecimiento.
El nuevo escenario introduce un circuito distinto:
financiación externa → reconstrucción de reservas → mayor disponibilidad de divisas → mejor funcionamiento cambiario → importaciones y abastecimiento → menor vulnerabilidad inmediata.
Pero esa mejora abre simultáneamente un segundo circuito:
consolidación fiscal + flexibilización cambiaria + reforma energética → modificación de precios relativos → costes de transición → inflación/ingresos reales → conflictividad → riesgo de reversión o retraso de las reformas.
El programa acordado a nivel técnico con el FMI conecta explícitamente varias de estas piezas: consolidación fiscal, protección social, modernización monetaria y cambiaria, eliminación de la financiación monetaria del déficit, fortalecimiento financiero, gobernanza y reformas orientadas a la inversión y al crecimiento privado.
La evolución reciente de la inflación aporta contraevidencia favorable.
El IPC aumentó un 1,10% mensual en agosto, pero la inflación acumulada fue del 3,01% y la tasa interanual se situó en 5,02%. El INE atribuyó parte del incremento del mes a los efectos de 53 días de bloqueos anteriores sobre la producción avícola.
La pregunta crítica será qué ocurra después de la modificación del régimen del diésel.
Si la transmisión hacia transporte, producción y precios es contenida, aumentará el margen para consolidar la estabilización.
Si el nuevo precio energético reabre una dinámica inflacionaria o contribuye a provocar interrupciones prolongadas, el riesgo habrá cambiado de forma, pero no necesariamente disminuido.
CONFIRMADA — El financiamiento previsto bajo el SAF completa el trámite legislativo y la promulgación interna. La Asamblea concluyó el tratamiento del Proyecto de Ley N.º 723/2025-2026 y el Ejecutivo promulgó la Ley N.º 1765, ya vigente tras su publicación en la Gaceta Oficial. Este hito doméstico no equivale todavía a aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI ni a desembolso.
ABIERTA — Aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI. El acuerdo continúa sujeto a acciones previas y a posterior aprobación del Directorio. Hasta el cierre de este Radar no se ha localizado confirmación oficial de esa decisión.
CONFIRMADA — Flexibilización cambiaria. El BCB ya opera bajo un marco cambiario distinto y aprobó formalmente el Reglamento de Compra y Venta de Dólares mediante la Resolución 117/2026.
CONFIRMADA — Mejora de liquidez. La información oficial muestra una recuperación material frente al punto de estrés de finales de 2025. La señal no demuestra suficiencia estructural de reservas, pero invalida la utilización de los US$52 millones como descripción de la posición líquida de septiembre de 2026.
CONFIRMADA — Reforma del diésel. El DS 5716 fija Bs17,95 por litro, establece una metodología ligada al PPI y una banda del ±5%; la aplicación de la banda comienza tras la reglamentación ministerial prevista por la propia norma.
CONFIRMADA — Protección social adicional. El financiamiento del BID por hasta US$500 millones completó su tratamiento legislativo y constituye un mecanismo explícito de protección social dentro del programa económico. La ejecución permanece abierta.
CONFIRMADA — El amortiguador productivo empieza a pasar de anuncio a norma. El DS 5720 crea un fideicomiso de Bs800 millones para crédito productivo y logístico en condiciones preferenciales. El hito confirma implementación normativa; permanecen abiertas la colocación efectiva, el acceso real de beneficiarios y su capacidad para compensar el impacto del nuevo precio del diésel.
CONFIRMADA — Conflictividad como riesgo operativo. La ampliación del estado de excepción está vigente y las autoridades documentan amenazas persistentes de bloqueos y afectación de corredores e infraestructuras estratégicas. La Confederación Sindical de Choferes ha anunciado para el 28 de septiembre un paro nacional de 24 horas mediante repliegue de unidades, sin bloqueos anunciados. Hasta la publicación del Radar es una medida futura: el impacto operativo permanece ABIERTO y debe medirse por adhesión, duración y efectos sobre movilidad, logística y abastecimiento.
Bolivia no ha resuelto todavía su vulnerabilidad macroeconómica, pero el mecanismo que la define está cambiando.
La recuperación reciente de liquidez, la flexibilización cambiaria ya ejecutada y la posibilidad de incorporar financiación multilateral reducen gradualmente la capacidad de la escasez inmediata de dólares para explicar por sí sola el riesgo.
A cambio, aumenta la importancia de otra variable: la capacidad de ejecutar el ajuste sin deteriorar las condiciones políticas, sociales y operativas necesarias para sostenerlo.
El SAF puede reforzar reservas y facilitar acceso a financiación adicional si completa los hitos pendientes. La reforma del diésel puede aliviar una carga fiscal estructural, pero también aumentar la transmisión de costes hacia transporte, producción e inflación. La protección social puede amortiguar parte del ajuste, pero su eficacia dependerá de implementación y focalización.
Por eso, el principal riesgo empieza a dejar de ser únicamente conseguir financiación. Empieza a ser convertirla en estabilidad sin perder capacidad de ejecución durante el proceso.
FMI. Aprobación del Directorio Ejecutivo, cumplimiento de acciones previas y calendario efectivo de desembolsos. No asumir fechas del Directorio mientras no exista confirmación oficial.
Implementación doméstica del SAF. La Ley N.º 1765 ya está promulgada y vigente. Vigilar los actos de ejecución, los informes semestrales previstos y, por separado, la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y los desembolsos efectivos.
Reservas y liquidez. Evolución de activos líquidos, composición de las RIN y capacidad para atender obligaciones sin revertir la recuperación reciente.
Mercado cambiario. Cotización efectiva, intervención del BCB, disponibilidad de dólares y posibles distorsiones entre mercados.
Diésel. Publicación y aplicación de la reglamentación del DS 5716; funcionamiento del PPI y de la banda ±5%; abastecimiento y primeras consecuencias sobre transporte y producción.
Inflación. IPC de septiembre y octubre, con especial atención a la transmisión de los costes energéticos.
Fiscal. Déficit, financiación del sector público y ahorro efectivo derivado de la reforma energética.
Protección social y crédito productivo. Desembolso, ejecución y focalización del programa financiado por el BID; colocación efectiva del fideicomiso de Bs800 millones creado por el DS 5720; acceso real de productores, transportistas y cadenas logísticas.
Conflictividad. Ejecución y adhesión del paro nacional de transporte anunciado para el 28 de septiembre, y cualquier efecto real sobre movilidad, corredores, abastecimiento y producción. No tratar la convocatoria como impacto ya materializado.
Qué cambiaría nuestra lectura. Mejoraría la lectura una combinación de aprobación del SAF por el Directorio del FMI, reservas líquidas estables o crecientes, mercado cambiario funcional, transmisión contenida del diésel a los precios, ejecución efectiva de la protección social y ausencia de bloqueos prolongados. La deterioraría el escenario contrario: retrasos del FMI, nueva caída de liquidez, distorsiones cambiarias, inflación persistente, reversión de reformas o interrupciones operativas recurrentes.
Implementación. Comprobar si cada decisión avanza sucesivamente: anuncio → norma → reglamentación → ejecución → resultado observable.
Bolivia no ha resuelto todavía su vulnerabilidad macroeconómica.
Pero el mecanismo que define esa vulnerabilidad está cambiando.
La recuperación reciente de liquidez, la posibilidad de incorporar financiación multilateral y las primeras reformas monetarias reducen gradualmente la capacidad de la escasez inmediata de dólares para explicar por sí sola el riesgo.
A cambio, aumenta la importancia de otra variable:
la capacidad de ejecutar el ajuste sin deteriorar las condiciones políticas, sociales y operativas necesarias para sostenerlo.
El SAF puede reforzar reservas y facilitar acceso a financiación multilateral adicional si completa los hitos pendientes. La flexibilización cambiaria puede reducir distorsiones. La reforma del diésel puede aliviar una carga fiscal estructural. La protección social puede amortiguar parte del coste de transición.
Pero ninguna de esas piezas garantiza por sí sola estabilización.
El siguiente tramo dependerá de cómo interactúen.
Por eso, el cambio de esta semana no justifica declarar superada la crisis ni asumir una normalización irreversible.
El principal riesgo empieza a dejar de ser únicamente conseguir financiación. Empieza a ser convertirla en estabilidad sin perder capacidad de ejecución durante el proceso.